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JUSTICIA PARA TODOS

JUSTICIA  PARA TODOS

De las últimas manifestaciones que he escuchado de dirigentes del Partido Popular, tengo que reconocer la exactitud de lo dicho por Cospedal sobre la actuación permanentemente reformadora del actual Gobierno, adelantando (amenazando diría yo) que “hay que continuar en la senda de las reformas que tanto han ayudado a la recuperación”.

Existe una especie de mecanismo mental por el que cuando en una frase se introduce el término reforma llevara implícita una situación de mejora. Seguramente, dependiendo de la óptica desde la que se mire, sea así. Sin duda, banqueros, empresarios y la jerarquía eclesial así lo perciben y están entusiasmados por que se haga realidad esa profundización en la senda reformista que anuncia la Secretaria General del Partido Popular.

Sin embargo, si preguntamos a la mayoría de la población, lejos de esta visión optimista, la respuesta es diametralmente opuesta. Todas las reformas de ámbito económico, incluyendo las del mercado laboral, tienen en común el aumento de la precarización y han traído como consecuencia una sociedad triangular con tres polos perfectamente diferenciados: los que se han beneficiado de las nuevas condiciones (impuestas vía decreto en la mayoría de los casos), que han mejorado su posición de partida y que se corresponden con empresarios, directivos de empresas o bancos,…; los que hasta hace poco tiempo conformaban la llamada clase media, que se ven sometidos a una presión cada vez mayor en su entorno laboral o profesional; y el ingente número de nuevos pobres que engloba a los desempleados y desempleadas y los que aún con un trabajo (precario en todos los casos) no pueden superar una situación de pobreza, casi estructural (los trabajadores pobres). En definitiva, la senda reformista del PP ha favorecido a unos pocos y perjudicado a la mayoría.

Pero no solo han “reformado” un terreno tan importante como el económico, necesitan, y son conscientes, de una nueva regulación legal para dar sostenibilidad a esta situación. De ello se están encargando varios Ministerios, en especial el de Educación, con una serie de reformas dirigidas a favorecer a las élites y el de Justicia.

Hablemos de la “senda reformista” de este último. El Sr. Gallardón, dentro de un plan global, se ha puesto manos a la obra para diseñar el tercer poder según las necesidades, y/o demandas de los que, como hemos dicho, están siendo favorecidos en materia económica.

En un extenso manifiesto de la Plataforma Justicia para Todos, publicado el mes pasado, se analizan las diferentes medidas que pretende llevar adelante el Ministerio de Justicia y las consecuencias de su hipotética puesta en marcha. Pretende el Ministerio cambiar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, reformar el Código Penal, privatizar los Registros Civiles, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Seguridad Ciudadana, sin olvidar la polémica reforma de la Ley del Aborto.

¿Cuáles son los ejes de todas estas iniciativas?

En primer lugar, alejar la justicia y dificultar su acceso a los ciudadanos, en especial a aquellos más vulnerables, ejemplo de ello son las nuevas propuestas sobre capacidad económica de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la creación del Tribunal Provincial de Instancia que se pretende en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo ello unido a la nueva regulación sobre tasas que ya entró en vigor.

En segundo lugar, se perderán las actuales garantías en un gran número de actos jurídicos al traspasar a Notarios y Registradores de la Propiedad capacidades que estaban en el ámbito del poder judicial (como el registro civil), lo que además supone una privatización, nada encubierta, de la justicia.

En tercer lugar, el recorte de libertades cuyos paradigmas son la propuesta de Ley del Aborto y la reforma del Código Penal, que situará a un buen número de ciudadanos y ciudadanas en la antesala de la delincuencia, tanto por reclamar sus derechos como por ejercerlos.

Muchos somos los que pensamos que nuestra democracia tenía pendiente una reforma para la democratización y modernización de la justicia (anclada, en muchos aspectos, en el pasado franquista). Frente a ello, el Gobierno del PP ha tomado la dirección contraria, queriendo volver a un punto que considerábamos superado, incluso olvidado.

CCOO ha propuesto, en el marco laboral, una respuesta a todas estos excesos para el próximo otoño, propuesta necesaria pero no suficiente. No solo está en peligro las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la justicia, lo que está en peligro es nuestra democracia, al cerrar ese círculo perfecto mediante el cual se recortan derechos fundamentales reconocidos por la constitución y en paralelo se penalizan los instrumentos de los que nos hemos dotado para su reclamación.

Mi propuesta es que, de la misma manera que ha ocurrido con la enseñanza o la sanidad, se genere un amplio movimiento social de contestación a estas reformas para lograr situar en el centro del debate social la idea de que uno de los mejores termómetros para medir la salud de nuestro sistema democrático es el buen funcionamiento de la justicia, desde la profesionalidad y la independencia, basándose en un ordenamiento legal más equitativo y más “justo”, que proteja al más débil.

18 de agosto de 2014

 

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Administración pública

¿Es necesaria una campaña en defensa de los servicios públicos?

En el año 2011, el Presidente de la Patronal española, Joan Rosell, en una comparecencia pública refiriéndose a los empleados y empleadas públicos manifestó: “Con los que no tienen trabajo hay que hacer lo mismo que hacemos en el sector privado, buscar soluciones, recolocarlos, reubicarlos y, si no hay más remedio, despedirlos.”estasdeclaraciones como era de esperar generaron una fuerte polémica.

Más recientemente, con motivo de la Asamblea de la Patronal de Concesionarios (FACONAUTO) manifestó: “Tenemos un problema de déficit público. No supimos sostener los ingresos ni retener los gastos. Reducirlo es el objetivo.” Esta línea de pensamiento no es exclusiva del sr. Rosell, desde otras instancias del mundo económico y empresarial se insta en la necesidad de un adelgazamiento del sector público. El FMI insiste de forma reiterada en reformas estructurales del sector público como condición para la mejora de la economía española. Medios de comunicación y tertulianos, incluso llegando a lo caricaturesco, argumentan el excesivo tamaño del sector público y su ineficiencia.

De la misma manera, el gobierno del Partido Popular, basándose en el informe CORA (Comisión para la Reforma de la Administración) ha diseñado un paquete de medidas, recortes en su mayoría, que responden a los consagrados conceptos de la corrección de desequilibrios y el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria. Este último fue elevado a norma constitucional por el anterior gobierno del PSOE en un acuerdo de ambos partidos para el que no hay precedente.

Sin embargo esta visión tan negativa del sector público no responde, ni tan siquiera mínimamente, a su realidad. Responde a arquetipos creados por este tipo de actores que defienden intereses privados muy lejanos de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas.

De ahí la necesidad de una campaña que, desmontando estos arquetipos, defienda el patrimonio común que constituyen los servicios públicos. En un estado democrático y moderno, donde el bienestar del conjunto de la población es un objetivo básico e irrenunciable, es necesaria una amplia maquinaria que garantice por un lado, la prestación de servicios directos a la población (sanidad, educación, transporte…) y por otro, el funcionamiento de otro tipo de servicios de carácter más administrativo (incluso burocrático) pero que en el fondo garantizan el funcionamiento democrático del país. Es decir, la Administración debe garantizar en todo momento los servicios directos demandados por los ciudadanos y, también, que los diferentes procesos administrativos se produzcan en términos de equidad y de protección de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Es en este último aspecto donde una campaña en defensa de lo público debería realizar un mayor hincapié.

¿Qué elementos debería incluir una campaña de este tipo?

En primer lugar, sería imprescindible profundizar en la divulgación de los servicios que se prestan por las diferentes administraciones lo que, por un lado, ampliaría el conocimiento ciudadano sobre la diversidad de los servicios que se prestan desde lo público, más allá de los más nombrados (sanidad, educación, servicios sociales…) y, por otro, conocer qué administración tiene conferida la responsabilidad de su prestación (competencia). Por poner un ejemplo, la enseñanza obligatoria es competencia de las comunidades autónomas, sin embargo algo consustancial a la enseñanza obligatoria como es la vigilancia de la escolaridad obligatoria es una competencia de los ayuntamientos de más de 5000 habitantes.

En definitiva, es necesario que los ciudadanos y ciudadanas conozcan el catálogo de servicios al que tienen acceso y la administración que debe prestarlo. Esto, además, redundaría en un mejor funcionamiento del sistema democrático, ya que en cada elección se podrían pronunciar en función de elementos mucho más objetivos sobre el quehacer político ya sea en su municipio, comunidad autónoma o en el conjunto del estado.

Tras este primer elemento, es necesario un esfuerzo para poner en valor actividades de menor visibilidad o incluso actividades que directamente suelen ser denostadas. ¿Es posible financiar los servicios públicos sin que exista una administración tributaria?, o ¿es posible tener un buen transporte público sin que haya alguien que gestione el personal que lo presta? Estos dos sencillos ejemplos nos sitúan en la necesidad de un tratamiento global de lo público, donde las diferentes actividades se complementan unas con otras, siendo todas necesarias (imprescindibles) para el funcionamiento del conjunto.

Por último, otro de los elementos centrales de una campaña de este tipo sería combatir el concepto del excesivo gasto público en el estado español. El gasto público en España es el 43,3% del PIB, más de 6 puntos por debajo de la media de la UE y muy lejos de países como Dinamarca, Francia o Finlandia (solamente están por debajo, y muy cerca, Irlanda y Luxemburgo). Combatir esta idea falsa no significa abandonar el concepto de austeridad y de eficiencia en el gasto público, que tiene que ver con erradicar lo superfluo, sino que tiene que ver con un esfuerzo de explicación y trasparencia sobre cómo se realiza el gasto, rechazando falsedades como, por ejemplo, la excesiva cuantía de los salarios de los empleados públicos. Además, el gasto público es uno de los instrumentos fundamentales para la redistribución de la riqueza, equilibrar las diferencias que se producen en el actual modelo social y económico y permitir avanzar hacia el Estado Social y de Derecho que reconoce la Constitución en su artículo 1.

Iniciativas como la recientemente acordada en el seno de la Junta de Castilla y León entre sindicatos y la Consejería de Hacienda, de poner en marcha una campaña institucional de dignificación del empleado público en paralelo al desbloqueo de la oferta de empleo público son medidas acertadas y, que sin duda, ayudarán a mejorar el concepto ciudadano sobre la utilidad de lo público.

Valladolid, 29 de mayo de 2014

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LA REFORMA DEL SECTOR LOCAL UN ATAQUE A LA DEMOCRACIA MÁS CERCANA

El pasado día 31 de diciembre fue publicado en el BOE el texto consolidado de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, incluyendo el conjunto de modificaciones introducidas mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Este hecho abre paso a que, en los próximos años, se produzcan una serie de actuaciones basadas en los principios de racionalización, la eficiencia y el equilibrio presupuestario (tan universales, tras la crisis, como falsos en la mayoría de los casos), que debilitarán, sin duda, la democracia real en nuestro Estado.

La nueva ley invade el terreno de la autonomía municipal, tal y como recoge la correspondiente Carta Europea, bien por la vía del control de la gestión bien por la nueva regulación de las competencias. Se universaliza la intervención de la Administración Central en materia presupuestaria (quedando, de facto, todos los ayuntamientos intervenidos) y se reduce de forma sustancial la capacidad prestadora de servicios de dichas corporaciones.

Con su puesta en marcha se cierra la posibilidad, existente hasta ese momento, de realizar actividades complementarias en los campos de la cultura, educación, promoción de la vivienda, sanidad o medio ambiente y se limita gravemente la de los campos del transporte en el medio rural y, sobre todo, la de los servicios sociales.

Desde la lógica de cualquier administrado, es recomendable que los ayuntamientos participen en las plusvalías que generan los procesos de gestión del suelo, que sirvan para, en materia de servicios sociales, garantizar las acciones de promoción, educación social y reinserción comunitaria, que velen por la garantía del transporte comunitario y colectivo en el medio rural, que desarrollen en su territorio la prevención, promoción y educación para la salud, por último, que articulen los sistemas de participación ciudadana en la gestión y ordenación del sistema educativo.

Pues frente a toda lógica, y rompiendo con el concepto político de la cercanía de la gestión de la administración, la presente ley impide este conjunto de actuaciones que hasta ahora podían realizar las entidades municipales y la consecuencia no será otra que la disminución de los servicios y de la calidad de los mismos, cuando no una mercantilización por la entrada de la iniciativa privada en su prestación (hecho que también se ve favorecido por la presente norma). Desde mi punto de vista esto es sinónimo de la pérdida de calidad que está sufriendo nuestro sistema democrático y de los mecanismos que durante los últimos 35 años han servido para mejorar en igualdad de oportunidades, en la redistribución de la riqueza y en la lucha contra la exclusión.

Por otro lado, y con especial incidencia en una región como la nuestra, Castilla y León, la nueva regulación de las entidades menores, además de romper con una tradición y cultura muy arraigada de la gestión más cercana (que, además, ha funcionado razonablemente bien), supone un intento de despatrimonialización de recursos fundamentales (pastos, montes, agua…), no sabemos si con intención de traspasarlos a manos privadas o, bien, que el Estado pase a ser titular de los mismos aumentando su patrimonio y consiguiendo una mejora artificial a efectos de déficit público, al aumentar los ingresos (activo) manteniendo el nivel de gasto.

Los efectos en el empleo público pueden ser devastadores. Según algunos cálculos estimativos, podrían llegar a perderse más de 200000 empleos como consecuencia de la desaparición de servicios que hoy se prestan, que daría la justificación a una utilización casi universal de los mecanismos de despido colectivo en las administraciones que el propio gobierno del Partido Popular puso en marcha con la reforma laboral del año 2012. Para ello, la nueva ley del Sector Local crea la figura de los Planes de Redimensionamiento que nos es otra cosa que una reducción de efectivos a través de planes específicos de abandono de servicios y competencias que se prestan en la actualidad.

Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de una contestación intensa y mantenida en el tiempo, que al final pueda impedir la entrada en vigor de la ley. A nivel político, es urgente una respuesta parlamentaria (del conjunto de los partidos de la oposición) que plantee las cuestiones de inconstitucionalidad en las que incurre el nuevo texto de la ley, y que debería contar con el apoyo del mayor número de Comunidades Autónomas y de corporaciones locales.

También sigue siendo necesaria la movilización ciudadana, extendiéndola al conjunto de la red social que ha mostrado, por el momento, una cierta atonía (seguramente porque no se ha puesto de manifiesto el verdadero impacto que tiene esta ley sobre aspectos tan importantes de la vida cotidiana).

En el terreno laboral, ante la falta de un marco regulador general, no nos quedará más remedio que, en una estrategia específica y particular para cada ayuntamiento, afrontar y confrontar todas y cada una de las propuestas que supongan pérdida de empleo o deterioro de las condiciones laborales. Pérdidas que, en ambos casos, al final siempre suponen el deterioro del servicio prestado.

Valladolid, 3 de febrero de 2014

 

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transporte

“Podemos quedarnos con cara de vaca que ve pasar el tren”

Una de las primeras consecuencias de la puesta en marcha del servicio directo por alta velocidad entre Barcelona y París, anunciado a bombo y platillo el pasado día 15 de diciembre por el Ministerio de Fomento, ha sido la supresión del tren Talgo Madrid París del que se beneficiaban poblaciones como Valladolid o Burgos, hecho que se produce sin la mínima información a los usuarios.

No quisiera que el anterior párrafo transmitiera una sensación de localismo paleto, ni que se ponga en duda la bondad que tiene una conexión por alta velocidad entre Barcelona y París, que aplaudo, pero si quiero hacer notar la deriva que está tomando el transporte ferroviario en Castilla y León.

En la pasada primavera, como consecuencia de la decisión del Ministerio de Fomento de declaración de Obligaciones de Servicio Público de los trenes de media distancia (anteriormente regionales) se suprimieron en Castilla y León prácticamente el 30% de los servicios ferroviario que hasta ese momento circulaban. Alguno de ellos han sido recuperados (Valladolid, Zamora, Puebla de Sanabria) gracias a la movilización ciudadana que se llevó a cabo. Otros, los menos, han sido suplidos añadiendo paradas en algunas estaciones a los servicios de Larga Distancia que atraviesan la región. Finalmente, el resto del servicio debería ser sustituido por transporte público por carretera.

¿Hacia dónde camina el futuro del transporte ferroviario en Castilla y León?

Todo indica que nuestra región, por su situación geográfica, profundizará en esa dinámica, tradicional e histórica, de ser zona de paso. Nos podremos “beneficiar” de los servicios que la nueva empresa, Renfe Viajeros, implante para unir Madrid con la zona costera del norte y el oeste de nuestro país, teniéndonos que adaptar a los horarios y frecuencias que determine ese mercado y, a lo sumo, quedarán algunos servicios propios de forma cada vez más residual.

Lo anterior acarreará consecuencias indudables en el empleo ferroviario (mayoritariamente empleo público todavía), pero, sobre todo, dará lugar a una pérdida de oportunidad del conjunto de la región y de sus ciudadanos y ciudadanas de contar con un transporte público, moderno y seguro que satisfaga sus necesidades propias de movilidad.

En el momento en que se produjo la reducción de los servicios regionales ya advertíamos sobre la necesidad de dar una respuesta ciudadana (no solo laboral) que pusiera de manifiesto esta pérdida de oportunidad. Sin embargo, aún siendo necesaria, esta presión debe ir acompañada de propuestas concretas, ligadas al territorio que den respuestas a las necesidades de la población y que sean sostenibles tanto económicamente como ambientalmente.

En el estudio encargado por CCOO a la asociación Promoció del Transpot Públic con el título Tren 2020 se avanzaba una serie de criterios sobre los que basar una propuesta de futuro que incluía tanto a los servicios ferroviarios como a una posible propuesta infraestructural.

Algunos de estos criterios nos sirven directamente para afrontar la situación de Castilla y León: Servicio cadenciado integrado mínimo cada dos horas en líneas con una demanda elevada; toda ciudad de más de 50.000 habitantes y dotada de ferrocarril conectada con un mínimo de servicio cada dos horas a su capital más cercana; servicio de cercanías en líneas con alta concentración de ciudades con trenes cada hora y cada 30 minutos en hora punta; en el ámbito regional, combinar al máximo la oferta con posibles refuerzos en el ámbito de cercanías y con trenes de paso de largo recorrido; reforma tarifaria, para que la nueva propuesta de servicios sea un estímulo real para el incremento del uso del ferrocarril.

En función de los anteriores criterios y dejando para otro momento el debate del proyecto infraestructural, que debiera ser como dice el estudio “más moderado, superando la actual concentración de inversiones en la red de alta velocidad exclusiva de viajeros”, tenemos que elaborar una propuesta concreta para los corredores de León-Ponferrada, Burgos-Miranda de Ebro-Vitoria, entorno de Salamanca y Palencia-Valladolid-Medina del Campo para su transformación en corredor de cercanías.

La puesta en marcha de estas propuestas motivadas, evaluadas y presupuestadas, sin menoscabo de otros corredores de la región, pueden significar la superveniencia del sistema ferroviario en nuestra comunidad. En Castilla y León se necesita un transporte que vertebre el territorio, que satisfaga sus necesidades de movilidad adaptando tanto horarios como relaciones, que, además, sirva de revulsivo para salir de una larga crisis  para lo que el transporte ferroviario también es una oportunidad. De lo contrario los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León daremos vida al famoso dicho de “quedarnos con cara de vaca que ve pasar el tren”.

 

 

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Los servicios ferroviarios en Castilla y León. (Extracto de la intervención realizada con motivo de la Presentación del Plan Tren 2020 realizado por CCOO de Castilla y León)

Introducción. Breves Referencias históricas

En 1959, en el contexto de la apertura de España hacia Europa y dentro del marco del Plan de Estabilización, se realizó el primer estudio de las líneas ferroviarias deficitarias de RENFE y se llegó a la conclusión de que era necesario tomar medidas urgentes al respecto. Se realizaron seis estudios sobre el ferrocarril español en líneas generales y varios sobre casos de líneas particulares. Como resultado de estos estudios solo se cerró el tramo San Francisco de Guadaira Carmona Baja, en la provincia de Sevilla.

Posteriormente, con la venida a España en 1963 de una misión del Banco Mundial se procedió al cierre de 88 Km de línea en Andalucía y la Mancha.

En 1964, se estableció el “Acuerdo con el Banco Mundial” para suspender el servicio en las líneas no rentables. En el Estudio realizado se propuso el cierre de otros 214 Km de líneas deficitarias.

En la década de los 70 del siglo pasado se realizaron varios estudios sobre la viabilidad de las líneas de Valladolid Ariza y la conocida como Ruta de la Plata. En el año 1984, en el contrato programa entre RENFE y el Ministerio de Hacienda y de Transportes, se recogió el cierre definitivo de ambos tramos, decisión que se tomó en el Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 1984 y que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 1985.

Contexto actual

En virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2010 se garantizaron, hasta el 31 de diciembre de 2012, los servicios de Media Distancia prestados por Renfe.

Sin embargo, antes de dicha fecha el Ministerio de Fomento junto con las Comunidades Autónomas, deberían establecer los servicios que se regirían por las Obligaciones de Servicio Público (en adelante OSP).

El Ministerio de Fomento encomendó a INECO un estudio para establecer los criterios de aplicación del mencionado Acuerdo. Dicho estudio se ha basado en los datos de producción, demanda y económicos del año 2010, y su objetivo era buscar una racionalización, con criterios de intermodalidad, de la oferta de servicios de media distancia que serán declarados de OSP. Para ello realizó una medición de la eficiencia global y una medición del coste total.

El criterio adoptado por el Ministerio de Fomento, a la vista de los estudios y análisis realizados, fue la declaración como OSP, de todas las relaciones de Media Distancia convencional con un índice de aprovechamiento (plazas ocupadas/plazas ofertadas) superior al 15%. Adicionalmente, aquellas relaciones que tuvieran un aprovechamiento  inferior al 15% y superior al 10 %, pero que tuvieran índices de cobertura (ingresos/coste del servicio) razonables (por encima del 20 %) y una recurrencia considerable, también serían declaradas como OSP.

Junto a las anteriores medidas  se añadió la racionalización de las paradas de los trenes en estaciones y/o apeaderos con un tráfico nulo o muy reducido, suprimiendo las paradas en las estaciones con una mínima demanda.

Previamente a la declaración de OSP se celebraron dos reuniones entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas, y en paralelo Renfe realizó un estudio sobre la reorganización de los servicios, cuyas propuestas fueron:

  • · Utilización de trenes de Larga Distancia para la prestación de servicios de Media Distancia Convencional.
  • · Modificación de horarios o frecuencias. Propuesta de reducción del número de servicios con menor aprovechamiento.
  • · Cambio de material. Permite un mejor ajuste oferta / demanda, mejorando el aprovechamiento y reduciendo costes.
  • · Otras medidas de gestión

La decisión final fue la no declaración como OSP de 30 relaciones, un 25 % del total; modificar el origen / destino de 5 relaciones; la supresión de 779 trenes semanales, un 23,1 % del total (se suprimen trenes, tanto en las relaciones no declaradas OSP, como en las que se mantienen como tal); en 194 trenes de Larga Distancia se posibilitaría su utilización con títulos de Regionales.

Todo ello supone:

  • · Una reducción de 517 oportunidades de viaje semanales, un 17,3 %.
  • · Un número de viajeros afectados que se estima en 945.000, el 6 % del total.
  • · Que 172 estaciones dejarán de tener parada de tren (tienen menos de 1 viajero/día)
  • · Un ahorro estimado por esta “reorganización” del servicio se estima en 51,0 millones de euros.

SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN.

En nuestra comunidad existían en el mes de abril pasado 12 relaciones intracomunitarias y 22 relaciones intercomunitarias (34 en total) con 249 servicios y 478 servicios respectivamente (727 en total) según el estudio de INECO. La propuesta del Ministerio, acordada con la Comunidad Autónoma, fue mantener 137 relaciones intracomunitarias (el 55,02%) y 348 relaciones intercomunitarias (72,80%), es decir un total de 485 relaciones (66,71%) con una disminución de 242, es decir un 33, 29%.

La estimación de resultado con las medidas propuestas sería de un déficit de 32.642.980€, frente a los 47.201.600€ anteriores, es decir 14.558.720€ menos (disminución de un 30,84%).

La población directamente afectada sería 1.205.102 personas  (43000 que “pierden el tren” definitivamente).

Aunque el recorte propuesto se distribuye por toda la  geografía de la comunidad, es de señalar la afectación que tendrán zonas como el norte de la provincia de Zamora, el norte de la de Palencia, las comunicaciones entre Valladolid y Ávila o el este de la provincia de Soria, por citar algunos ejemplos.

En materia de empleo, aunque es difícil realizar un cálculo exacto, el impacto podrá superar los doscientos puestos de trabajo en el sector ferroviario regional entre empleos directos e indirectos.

La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ha manifestado su conformidad con la propuesta Ministerial, hecho que fue ratificado por el Presidente de la Comunidad en sede parlamentaria, en contestación a preguntas de los otros grupos políticos. El Gobierno Regional ve cumplido su objetivo de evitar el cierre de líneas y acepta la reducción de servicios sin más alternativa.

Por otro lado, aún no se ha aclarado como se van a cubrir las obligaciones de servicio público en el conjunto de poblaciones que definitivamente pierdan el servicio ferroviario, ni cuál va a ser su coste, ni que administración se hará cargo de él.

Finalmente fue significativa la intención, tanto del Gobierno Central como  del Gobierno de la Comunidad, de evitar el debate público que, unas medidas como las propuestas, debería haber generado, ocultando tanto a los usuarios como a las fuerzas sociales y resto de fuerzas políticas todo tipo de información necesaria para valorar el impacto que, tanto en el derecho ciudadano a la movilidad como en el empleo, se podría ocasionar.

En este momento se ha llevado, prácticamente en su totalidad, la propuesta elaborada por INECO, salvo algunas excepciones (En Ávila, Salamanca o en el tramo Puebla Zamora Valladolid), fruto de la presión ciudadana.

La pérdida de oportunidades de viajes se ha generalizado en la región, trayendo la consecuente pérdida de clientes, por ejemplo, se ha expulsado a todos los estudiantes entre Palencia y Valladolid, el primer tren con parada en el apeadero de la Universidad es a las 13 h.

No se conoce como se ha realizado la sustitución del ferrocarril por el transporte por carretera en las localidades donde se han suprimido todas las paradas. Nos vamos a dirigir a los grupos parlamentarios para que realicen una pregunta al gobierno regional sobre líneas, horarios, frecuencias y coste de dichas medidas.

CCOO, ante esta situación, inició campañas de información y concienciación entre los propios trabajadores y trabajadoras ferroviarios, usuarios, instituciones y población en general. Estas campañas han puesto de manifiesto la gran preocupación existente y la necesidad de acotar las medidas que se proponen, en función de la doble vertiente de rentabilidad económica y de rentabilidad social.

Es de señalar que el estudio en el que se basa la propuesta Ministerial no entra a analizar las repercusiones económicas que la disminución de servicios propuesta generará en los resultados de explotación de aquellos que se mantienen, ni el impacto que tendrá en ADIF la pérdida del cobro del canon por los servicios que se dejarán de prestar. Tampoco Renfe Operadora ha aclarado cuales van a ser las mejoras en la gestión que va a implementar, lo cierto y real es que la única medida, adoptada en exclusividad, es la supresión de servicios, lo que nos lleva a sospechar que esa propuesta de mejora de gestión se quedará en una mera declaración de intenciones.

En el pasado mes de junio urgimos al Ministerio de Fomento aplicar para nuestra Comunidad una moratoria hasta el momento en que se alcanzara un consenso que diera solución al problema generado. En paralelo pedimos a la la Consejería de Fomento generar, de forma inmediata, un debate público con todas las instituciones afectadas, usuarios, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y políticas a fin de definir cuáles son las necesidades de nuestra comunidad, que coste añadido tendría y que mecanismos se podrían utilizar para su financiación.

Consideramos que es imprescindible que tanto el Ministerio como Renfe Operadora y ADIF aporten toda la información que tengan en su poder, ya que de otra forma nunca se podrá  determinar la previsión del coste real que supondría mantener un nivel de servicios cercano al del pasado mes de abril y, por supuesto, mucho mayor que el impuesto por el Ministerio en la actualidad.

Finalmente CCOO hemos realizado un llamamiento a todas las instituciones y organizaciones de la Comunidad para unirse a esta petición de moratoria y la apertura del debate público al que hemos aludido, propuesta a la que la Consejería de Fomento aún no ha contestado, mucho nos tememos que no lo haga.

Durante el otoño próximo estimamos que sería necesario realizar campañas de ámbito local con reivindicaciones muy concretas, buscando una gran movilización social. A modo de ejemplo citaremos las propuesta del Corredor de cercanías Palencia Medina del Campo, Ponferrada León, Miranda Burgos, …

Valladolid, 19 de septiembre de 2013

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ECONOMÍA

REMEDIOS QUE MATAN

REMEDIOS QUE MATAN
Durante los últimos años, empieza a ser una costumbre, los meses de agosto  son aprovechados para, desde diversas instancias de los poderes públicos y económicos, lanzar propuestas que justifican la posterior puesta en marcha de medidas que socavan, aún más, el Estado del Bienestar.
Este año los afectados son los salarios de los trabajadores y trabajadoras españoles que, al parecer, son “muy altos” para nuestras posibilidades.
Lanzó la propuesta, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI), siendo Olli Rehn, Vicepresidente Económico de la Comisión Europea, el encargado de poner la voz autorizada de las instituciones europeas.
La propuesta, exclusiva para el estado “soberano” español, liga de forma directa la reducción salarial de un 10% con la creación de empleo, advierte de la responsabilidad de aquellos que la rechazan utilizando como rehenes a los millones de jóvenes en situación de desempleo y concluye que dicha medida a través de la mencionada creación de empleo reactivará el consumo y como consecuencia el conjunto de la economía.
La primera impresión  sobre la propuesta es que no tiene nada de científica y adolece de un completo desconocimiento de la realidad de nuestro país, es decir, la primera conclusión  es que es una propuesta meramente ideológica.
Aquellos que tenemos algún conocimiento del funcionamiento de las relaciones laborales en España tenemos algunos datos, nada empíricos, de cómo ha actuado la moderación salarial en el actual periodo de crisis. Los datos de crecimiento del desempleo no se han suavizado  pese al retroceso del 6% de los salarios reales, desde 2010.
También sabemos que en el marco  de la negociación colectiva la moderación salarial en empresas y sectores sirve, generalmente, para el mantenimiento del empleo y no para la creación de más empleo (en el ámbito sectorial, además, difícilmente controlable)
En un informe del Consejo Económico y Social del pasado mes de febrero: “Distribución de la renta en España. Desigualdad, cambios estructurales y ciclos”, donde se analiza la distribución de la renta en nuestro país, en el periodo de 1985 al 2011 (lectura que recomiendo al señor Olli Rehn y sus amigos del FMI), el capítulo de conclusiones es sumamente clarificador y contradice de forma radical esta curiosa propuesta de rebaja salarial.
En primer lugar concluye que en el periodo analizado, la remuneración de los asalariados ha perdido peso sobre el PIB, con un comportamiento procíclico, es decir con mejoras leves en los momentos de expansión y caídas intensas durante los periodos de crisis.
Igualmente, señala que en los momentos de mayor crecimiento en el empleo, el avance de las rentas salariales ha sido muy reducido, y esto es debido  a que, en el caso español, el empleo tradicionalmente creado es de bajo valor añadido, lo que apenas produce ganancia en la participación de los salarios en la renta, mientras que lo realmente importante es la calidad del empleo creado
Añade que la combinación de inflación y moderación salarial reduce el poder adquisitivo, incrementa las desigualdades y no permite registrar avances suficientes en el consumo privado.
En cuanto a los beneficios empresariales especifica la existencia de una caída sostenida hasta el comienzo de la crisis del pago de intereses y un paralelo aumento de la parte destinada al reparto de dividendos.
Frente a esta propuesta del FMI y del vicepresidente de la Comisión otros pensamos que los males de nuestra economía se basan fundamentalmente en el modelo económico y productivo. Son necesarias medidas de refuerzo en cuatro a aspectos fundamentales: I+D+i, formación y cualificación profesional, inversión y mejora de la financiación  y, sobretodo, el cambio de la cultura empresarial actual (problema del que se habla poco y que tiene una importancia trascendental en el modelo económico presente). Este tipo de medidas sí que posibilitarían la creación de un empleo de mejor cualificación, mayor calidad y mayores salarios.
Las consecuencias de una medida de rebaja salarial como la propuesta, lejos de mejorar la situación económica provocaría un menor ingreso fiscal (sinónimo de nuevos recortes), la puesta en peligro de la financiación del sistema de Seguridad Social y de pensiones, una recaída en la crisis financiera (antesala del corralito), en definitiva profundizar en el sufrimiento en que se encuentran una gran parte de la sociedad española.
Si este es el remedio del señor Olli Rehn seguramente es que él y otros muchos como él son parte de la enfermedad. Mi recomendación terapeutica es que se tomen un descanso veraniego, que lo empleen para hacer una profunda reflexión sobre sus propuestas. De paso nos evitarán al resto de los mortales el martirio de sus ocurrencias.

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ECONOMÍA

A PROPÓSITO DE UNA FRASE

Las mejores mulas norteamericanas son descendientes de un burro español”. Esta curiosa frase, que escuché hace unos días en un programa de radio, responde a un hecho histórico rigurosamente cierto. Corría el año 1785 y el Presidente se los Estados Unidos, George Washington, conocedor del gran valor de los asnos españoles para el trabajo en el campo y para el transporte, cuya exportación estaba terminantemente prohibida, se dirigió al Rey de España, Carlos III, a través del Conde de Floridablanca, para que le consiguiera un buen semental.

El Rey, solícito, le envío una pareja de excelentes burros zamoranos, a lo que añadió un perro pastor zamorano. Durante el viaje uno de los burros murió, el superviviente dedicó el resto de su vida a una existencia placentera en los establos presidenciales aumentando su prole que a la postre ocupó un lugar destacado en la conquista del lejano oeste.

Sin embargo, si la frase fuera una alegoría sobre las clases empresariales norteamericana y europea, no podría ser más errónea, salvo que se pretendiera hacer el chiste fácil de que ambas pertenecen a la familia de los equinos, lo que no es intención del autor. Es la clase empresarial americana la que inicia el camino que posteriormente es fielmente seguido por la europea (por supuesto por la española).

En un artículo recientemente publicado por el prestigioso profesor Vicenç Navarro, sostiene que las élites empresariales de la industria manufacturera norteamericana (la plutocracia) apostaron al principio de la anterior década por la obtención de beneficios fuera del propio país. Inmediatamente surgieron los países emergentes como objetivo clave por la doble condición de sus bajos costes laborales y del enorme potencial de consumo de su población.

A esta teoría se han sumado las élites europeas, ha sido la práctica en los últimos 7 años de la mayoría de las empresas transnacionales de este continente lideradas por las alemanas. En este contexto pierde valor la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora norteamericana y europea, pues el beneficio empresarial no depende tanto del consumo interno como del foráneo y comienza la época de fuertes ajustes (en España el ajuste salarial habrá sobrepasado el 30% en una estimación optimista, pues es difícil calcular aún la contribución del aumento del desempleo), con el falso argumento del aumento de la productividad.

En definitiva, el desplazamiento de los mercados logra empobrecer de forma paulatina, en función de una distribución geográfica predeterminada, las condiciones de las clases populares.

La clase política ha sido cómplice necesaria de esta estrategia. En Europa estamos asistiendo, no sin cierto asombro, a la sustitución del poder político surgido de las urnas por otro de carácter supranacional que condiciona todas las políticas, la financiera, la económica y, por supuesto, la laboral, imponiendo condiciones que, en algunos casos, llegan al límite de la indignidad.

Por otro lado, los medios de comunicación se han empeñado en una operación destinada a destruir cualquier tipo de respuesta organizada. Es aquí donde se enmarca la campaña de desprestigio contra el sindicalismo de clase y confederal.

Todo ello ha provocado una especie de derrotismo del que es necesario huir de forma inmediata. Las propias estrategias elegidas por estas élites nos indican el camino de nuestra respuesta. Hay que recuperar el espacio de la política, seguir reivindicando la firma de un nuevo contrato social para el conjunto de Europa, que reequilibre la actual situación y vaya al rescate del estado del bienestar, hoy gravemente enfermo, garantizando la pervivencia de los sistemas públicos fundamentales.

En materia laboral, hay que poner el acento en la negociación colectiva, donde el sindicalismo de clase es actor fundamental (el esfuerzo realizado en los últimos meses para evitar la pérdida de vigencia de muchos convenios colectivos es un buen ejemplo).

Es, por tanto, el momento de cimentar el futuro pues no tardando estas mismas élites volverán a mirar con interés el potencial del mercado interno y será cuando tengamos que construir una alternativa que impida que la historia se vuelva  a repetir.

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